Hoy se reúne la Junta en Nueva York por segunda vez, sin aún reunirse en Puerto Rico, el único lugar que PROMESA especifica que tiene que haber oficina. A juzgar por los reglamentos aprobados hace dos semanas, todo parece indicar que quieren que la oficina principal esté en Nueva York. La reunión se lleva a cabo en el mismo corazón de Wall Street, uno de los epicentros de los terremotos que nuestras finanzas públicas han experimentado. Me sorprende que el hecho de que las dos primeras reuniones sean en Nueva York no haya causado ya un revuelo en Puerto Rico. Se puede alegar que para la mayoría de los miembros es más conveniente reunirse en Nueva York, sin embargo, el mal sabor que esto implica supera cualquier grado de confort añadido. Por otro lado, puede ser que sencillamente le quieren huir a las protestas en Puerto Rico. Considero un error craso que pospongan enfrentarse a las controversias inherentes de un cambio tan radical en la forma de funcionar el gobierno. Prolongar reunirse en Puerto Rico lo que va es a provocar un almacenamiento de energía que tendrá que ser liberado. Me sorprende además que el gobernador haya aceptado comparecer en Nueva York y no en Puerto Rico como es lógico. Otra consideración de la Junta puede ser evitar incidir en las elecciones del 8 de noviembre por las manifestaciones y protestas que se espera que ocurran. Espero, sin embargo, que esto no sea reflejo de falta de capacidad de los miembros de la Junta de lidiar con la complejidad de poner en marcha todo el aparato que conlleva el nuevo ente entre los Estados Unidos y Puerto Rico.
Para que la Junta cumpla su propósito tiene que saber manejar sus relaciones con los múltiples grupos de interés que están pendiente de su desempeño. Publicar las reuniones formales por internet no es suficiente. Hace falta mayor divulgación de las gestiones que están realizando para poner a funcionar lo que a todas luces es una nueva agencia del gobierno de Puerto Rico. La Junta va a contratar, si no es que lo ha hecho ya, una firma de contabilidad de las llamadas Big Four, una firma de consultoría general, varios bufetes de abogados, compañías de seguridad, economistas y otros profesionales para realizar la compleja tarea de poner en orden nuestras finanzas públicas. Al día de hoy no conocemos los procesos que llevan a cabo para la selección de estas firmas. Desafortunadamente, la política nacional y local es parte de este ente. Por diseño del Congreso, es una junta dominada por miembros del Partido Republicano. ¿Se utilizará la política como un criterio de selección de las firmas y suplidores que la Junta contratará? Como mínimo se deben publicar los servicios que necesitan para que entidades locales puedan ser consideradas. No me sorprendería que en la reunión de hoy se anuncien los primeros contratos.
Para poner en perspectiva la responsabilidad de la Junta podemos utilizar el ejemplo de la Autoridad de Energía Eléctrica como ejemplo. Tomó más de dos años y decenas de millones de dólares en consultores y bufetes de abogados para lograr un acuerdo preliminar que aún no ha sido finiquitado. Ahora y que hacer lo propio para el gobierno central, la Autoridad de Carreteras, el Banco Gubernamental de Fomento, la Universidad de Puerto Rico, Autoridad de Edificios Públicos y otras múltiples entidades del gobierno que están o podrían estar insolvente en poco tiempo. Es de esperar que los mecanismos que PROMESA provee para reestructurar la deuda contribuya a un proceso menos caótico que el de la Autoridad de Energía Eléctrica. Sin embargo, el hecho que estamos en medio de un proceso eleccionario y que el itinerario impuesto por el Congreso para llegar a acuerdos voluntarios es muy atropellado, hace la tarea de la junta una monumental. Vamos a estar pendientes a la transparencia de la Junta en sus procesos y la agilidad que demuestra para cumplir a cabalidad su enorme responsabilidad.