Los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal están obligados a cumplir con las leyes federales de conflicto de interés y de divulgación de informes financieros. La ley federal de Ética en el Gobierno de 1978 requiere que se sometan los informes durante los primeros 30 días después del nombramiento. Se consultó a la agencia federal que implementa la ley para la rama ejecutiva e informaron que los informes no han sido sometidos. Como alternativa, los miembros de la Junta pueden someter sus informes financieros que la ley requiere directamente a su agencia, en este caso la Junta. Dichos informes son públicos y la junta viene obligada a entregarlos a las entidades que lo soliciten siguiendo un protocolo establecido por la ley de 1978.
La carta adjunta es una solicitud formal al Presidente de la Junta y a todos sus miembros para que divulguen los informes financieros que requiere la ley.
El éxito de la Junta depende en gran medida de su transparencia y que se conozcan cualquier conflicto o potencial conflicto de sus miembros en el desempeño de sus funciones. En momentos que la Junta exige transparencia y divulgación completa al gobierno de Puerto Rico es fundamental que ellos den el ejemplo.